Un juez de Perú debe decidir si extiende la prisión preventiva de Castillo
"Jamás renunciaré y abandonaré esta causa popular que me ha traído acá", declaró el mandatario. Esta semana recibió el apoyo de Argentina, Bolivia, Colombia y México, que pidieron respetar "la voluntad popular expresada con el libre sufragio".
14-12-2022 | 08:18
Foto AFP Un juez peruano evaluará este miércoles si libera a Pedro Castillo, acusado de rebelión y conspiración, o si da lugar a un pedido de la Fiscalía de mantenerlo en prisión preventiva por 18 meses, en medio de protestas por su destitución que han dejado seis muertos.
El juez César San Martín decidió este martes por la noche "declarar infundado el recurso de apelación interpuesto por la defensa del investigado", que pedía su libertad antes de que se cumplan los siete días de su detención preliminar, ocurrida el miércoles pasado.
El magistrado señaló en el fallo que existía riesgo de fuga, pues Castillo, de 53 años, intentó llegar a la embajada de México para asilarse luego de haber sido destituido por el Congreso.
El mandatario de izquierda permanece detenido en el cuartel policial de la División Nacional de Operaciones Especiales al este de Lima.
La Fiscalía General abrió formalmente una causa contra el presidente destituido y presentó en la noche del martes un pedido de prisión preventiva contra Castillo por 18 meses, informó la agencia de noticias AFP, que citó a una fuente del Ministerio Público.
Foto AFP
Jamás renunciaré
En su audiencia judicial, Castillo realizó su primera declaración pública desde su destitución hace una semana: "Jamás renunciaré y abandonaré esta causa popular que me ha traído acá".
"Desde acá quisiera exhortar a las fuerzas armadas y la Policía nacional que depongan las armas y dejen de matar a este pueblo sediento de justicia", dijo Castillo.
"Nunca he cometido delito de conspiración ni rebelión", acotó dirigiéndose al juez San Martín, el mismo magistrado que condenó en 2009 al expresidente Alberto Fujimori (1990-2000).
Castillo fue detenido por la Policía el miércoles pasado, tras su intento de disolver el Parlamento y posterior destitución por parte del Congreso, que tiene un índice de desaprobación de 86%, según los últimos sondeos.
La vicepresidenta Dina Boluarte asumió inmediatamente el mando, como prevé la Constitución.
Sin embargo, la destitución provocó una ola de protestas de seguidores de Castillo, especialmente activas en el sur del país, que exigen elecciones anticipadas y su liberación.
Este martes, el ministro de Defensa, Alberto Otárola, anunció la aplicación del estado de emergencia en las sureñas regiones de Arequipa e Ica, que permite la intervención del Ejército ante manifestaciones, vandalismo y bloqueos de carreteras.
De hecho, las fuerzas armadas ya patrullan junto a la policía las calles de varias ciudades bajo estado de emergencia.
En Lima, por la noche, decenas de manifestantes que querían llegar al Congreso se enfrentaron con piedras a la Policía, que respondió con gases lacrimógenos.
También hay numerosas carreteras bloqueadas en 13 de las 24 regiones del país, señaló la policía.
Las regiones más agitadas se hallan al sur, donde está la turística Cusco, Arequipa, segunda ciudad del país, Puno, y Apurímac, cuna de Boluarte.
Varios gremios agrarios e indígenas iniciaron el martes un "paro indefinido" por elecciones generales, lo que provocó la suspensión del servicio de trenes entre Cusco y la ciudadela inca Machu Picchu, joya del turismo peruano.
Boluarte busca negociar con el Congreso adelantar las elecciones generales de abril de 2026 a abril de 2024, aunque los seguidores de Castillo las piden inmediatamente.
Respaldo latinoamericano
Distintos gobiernos de Latinoamérica defienden a Castillo. "Sigue siendo Pedro Castillo el Presidente" de Perú, afirmó el martes el mandatario mexicano, Andrés Manuel López Obrador, en su conferencia de prensa matutina.
Argentina, Bolivia, Colombia y México respaldaron el lunes a Castillo y pidieron respetar "la voluntad popular expresada con el libre sufragio".
La Cancillería peruana replicó que Castillo fue destituido con respeto a la Constitución porque perpetró un "golpe de Estado", y pidió a los países ayudar a Perú a "resguardar la institucionalidad democrática y el Estado de derecho".
La fiscal general de la nación, Patricia Benavides, presentó al Congreso en octubre una denuncia constitucional contra Castillo por supuesta corrupción.
Fue una denuncia inédita contra un presidente en funciones, en un país que tiene el récord de cinco exmandatarios procesados por corrupción desde el 2001.
Esta denuncia llevó a Castillo a pedir la intervención de la Organización de Estados Americanos (OEA), invocando la Carta Democrática Interamericana.
Según Castillo, la Fiscalía y la oposición de derecha, que controla el Congreso, le atribuían delitos que no cometió y buscaban dar un golpe de Estado en su contra.
Boluarte saca al Ejército a las calles
El Gobierno de Perú dijo que desplegará soldados para proteger sitios estratégicos y que declaró el estado de emergencia en dos regiones del sur sacudidas por las protestas por la destitución de Pedro Castillo.
"Se va a declarar en emergencia la red vial nacional, para asegurar el libre tránsito de todos los peruanos", declaró el ministro de Defensa, Alberto Otárola, a su salida de una reunión del Consejo de Estado en Lima.
El ministro agregó que "se ha dispuesto la inmediata protección de las Fuerzas Armadas de puntos estratégicos nacionales, infraestructura que sirve para asegurar la vida de todos los peruanos".
Otárola también informó de la decisión del Ejecutivo de la nueva presidenta Dina Boluarte declarar en estado de emergencia a las regiones de Arequipa e Ica en aras de "restablecer el orden público".
"Los departamentos de Arequipa y de Ica se suman a la emergencia decretada en Andahuaylas", una provincia del departamento de Apurímac, esta semana, dijo.
Esto permitirá "que las Fuerzas Armadas en apoyo de la Policía Nacional puedan tomar el control del orden interno", agregó en declaraciones a medios, informó la agencia de noticias Europa Press.
El ministro dijo que la situación del país era "grave y preocupante", aunque recalcó que, con esa preocupación, tienen la "responsabilidad constitucional de preservar la vida y la integridad de todos los peruanos".
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