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23 de marzo de 2023

Realizarán "controles constantes" de las prisiones domiciliarias a represores

Para evitar exponer a las víctimas y familiares y comprometer la responsabilidad internacional del Estado argentino, el organismo anunció además que pedirá al Poder Judicial mayor "rigurosidad" antes de otorgar los beneficios.

23-03-2023 | 12:34

El anuncio fue realizado por la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, a cargo de Horacio Pietragalla. Foto archivo: Edgardo Valera.
 
La Secretaría de Derechos Humanos de la Nación anunció que realizará "controles constantes" del otorgamiento de las prisiones domiciliarias a represores encarcelados por crímenes de lesa humanidad y solicitó al Poder Judicial que "analice cada caso con rigurosidad antes de concederlos".

"Frente al preocupante aumento de las prisiones domiciliarias a procesados y condenados por crímenes de lesa humanidad, la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación tomó como una de sus prioridades realizar un control constante de esos beneficios para que el Poder Judicial analice cada caso con rigurosidad antes de concederlos", informó la secretaría en un comunicado de prensa.

En ese marco, indicaron que "a través del control estricto, la Secretaría busca que el Poder Judicial tome todos los recaudos posibles y evitar así decisiones arbitrarias que puedan exponer a las víctimas y familiares y comprometer la responsabilidad internacional del Estado argentino"

La secretaría, que conduce Horacio Pietragalla, participó de "más de 70 discusiones en todo el país sobre prisiones domiciliarias, libertad condicional y apartamiento del proceso por problemas de salud" en el marco de causas como “Megacausa ESMA”, “Vuelos de la muerte de Campo de Mayo”, “Las Brigadas”, “Quinto Cuerpo del Ejército”, “Acindar”, “Megacausa III Santiago del Estero”, “La Veloz del Norte” de Salta, “Margarita Belén” de Chaco, “Zuñiga” de La Plata, entre muchas otras.

"Frente a graves violaciones de derechos humanos, los Estados tienen el deber de juzgar y sancionar a los responsables, y de asegurar que las penas sean cumplidas de manera efectiva y completa como parte de la reparación a las víctimas y a la sociedad. Sin embargo, en los últimos años se profundizó el otorgamiento de prisiones domiciliarias, que es hoy el principal método de detención en causas por crímenes de lesa humanidad", advirtieron desde la secretaría.


El seguimiento integral del otorgamiento de estos beneficios

En las causas vinculadas al terrorismo de Estado es realizado a través de los equipos de la Dirección Nacional de Asuntos Jurídicos Nacionales en materia de Derechos Humanos.

Según datos del Ministerio Público Fiscal, apenas "un tercio de las personas investigadas se encuentran detenidas".

En diciembre del 2022, estaban detenidos 717 sobre 2.223 y menos del 25% de ellos están en una cárcel común: el resto cumple en su hogar la prisión preventiva o su condena.

Desde la Secretaría destacaron que el cuerpo de peritos, creado en agosto del 2021, participa en "las juntas médicas ante pedidos de beneficios por motivos de salud o planteos de incapacidad de afrontar el proceso penal".

Este trabajo permitió revertir diagnósticos que "habían justificado cambios en las condiciones de detención o impedían juzgar a algunos de los acusados", como fue el caso del ex juez federal Santiago Olmedo de Arzuaga, en el que se demostró que había simulado para ser apartado del juicio pocos días antes de que fuera condenado a seis años de prisión en abril del año pasado.

Además, en simultáneo, las querellas institucionales de la secretaría trabajan en las diferentes instancias judiciales para que "los condenados cumplan efectivamente su pena en unidades carcelarias y que no se otorguen las prisiones domiciliarias de manera arbitraria".

El organismo recordó uno de los casos más recientes, en el cual la Secretaría reclamó a la justicia federal de Resistencia que se le revoque este beneficio al represor Jorge Daniel Rafael Carnero por haber violado las condiciones al salir de su casa sin autorización y presentó un recurso de casación contra la libertad condicional concedida a Juan Carlos Fotea, ex miembro de la Policía Federal que integró el grupo de tareas de la ESMA y fue condenado en dos oportunidades a 25 años de prisión.

Por su parte, la Coordinación de Asistencia a Testigos Víctimas es la encargada de recabar y trasmitir a los tribunales la opinión de familiares y sobrevivientes del terrorismo de Estado frente a los planteos liberatorios de los represores. En este contexto, en el marco de las facultades garantizadas por la Ley de Víctimas, la Secretaría ha impulsado en algunos casos, en articulación con otras querellas y el Ministerio Público Fiscal, la realización de audiencias públicas para que sean escuchadas las personas que sufrieron esos crímenes antes de que se resuelvan las excarcelaciones.

La Secretaría de Derechos Humanos además realizó un relevamiento de las unidades penales de Ezeiza y de Campo de Mayo, donde se concentra la mayor cantidad de detenidos por crímenes de lesa humanidad, y remitió un informe a juzgados federales y fiscalías de todo el país para que "sea tenido en cuenta al momento de decidir sobre las condiciones de detención".

"Un grupo interdisciplinario comprobó que estas unidades penitenciarias tienen las condiciones adecuadas para alojar a personas de edad avanzada y con problemas de salud; excluyendo la opción automática de la prisión domiciliaria", destacó el organismo.
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