Con esta medida, la organización fundada en Corea del Sur en 1954 perderá su estatus de organización religiosa, lo que la dejará sin exenciones fiscales y la obligará a liquidar sus activos. Sin embargo, la iglesia anunció que presentará una apelación inmediata, argumentando que la decisión es “injusta” y atenta contra la libertad religiosa.

Durante décadas, la organización mantuvo una relación cercana con el gobernante Partido Liberal Democrático, lo que le permitió operar sin demasiadas trabas legales. Sin embargo, su suerte cambió tras el asesinato del ex primer ministro Shinzo Abe en 2022, un hecho que puso en el centro del debate sus vínculos políticos y las denuncias de abuso económico contra sus fieles.

El fallo del Tribunal de Distrito de Tokio sostiene que la organización incurrió en “prácticas abusivas y persistentes” que perjudicaron a sus miembros y sus familias, justificando así su disolución.