15 de mayo de 2025
Religión bajo chantaje: Ortega extorsiona a congregaciones para dejarlas operar en Nicaragua
Religiosos y defensores de derechos humanos denuncian que el régimen de Nicaragua exige un canon mensual a las organizaciones religiosas para continuar trabajando en el país
>O pagan un canon mensual o las cancelan, confiscan y echan del país a sus miembros. La dictadura de Daniel Ortega ha impuesto un sistema extorsivo para aquellas congregaciones religiosas que quieren sobrevivir a la ola de cancelaciones que ejecuta el régimen, denunció la abogada nicaragüense Martha Patricia Molina.
Desde 2018, el gobierno de Daniel Ortega ha cancelado más de 5,600 organizaciones no gubernamentales (ONG) en Nicaragua, según datos actualizados del organismo medioambiental Fundación del Río.
Un informe publicado en diciembre de 2024 titulado “Nicaragua: una Iglesia perseguida”, elaborado por la abogada y defensora de derechos humanos Martha Patricia Molina, documenta 971 ataques contra la Iglesia católica entre abril de 2018 y diciembre de 2024. Estos incluyen desde cancelaciones legales y expulsiones, hasta amenazas, confiscación de bienes y prohibiciones de actos religiosos.
Según denuncias que ha recibido en su labor con Texas Nicaraguan Community, varias congregaciones deben pagar al Estado nicaragüense cuotas mensuales para no ser disueltas o para continuar usando sus propios inmuebles, ahora confiscados.
Infobae corroboró con al menos dos religiosos católicos en Nicaragua que este sistema extorsivo está en práctica. Uno de ellos, sacerdote de la Arquidiócesis de Managua que pidió no revelar su nombre, relató el caso de las Hermanas Clarisas Franciscanas, cuya personería jurídica fue cancelada por el régimen el 19 de mayo de 2023.“Como el monasterio de Chiquilistagua, que es el caso que yo conozco, tiene cinco manzanas, les pidieron cinco mil dólares mensuales. Las hermanas no pudieron pagar y tuvieron que irse. Ahora están en Granada”, dijo el sacerdote.
El régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo ha confiscado al menos 15 propiedades de la Iglesia católica en Nicaragua en los últimos dos años. Muchas de estas han sido reutilizadas por el Estado para fines propagandísticos o institucionales. En el monasterio que las Hermanas Clarisas tenían en Chiquilistagua, la dictadura de Nicaragua inauguró recientemente un centro de salud mental, mientras un convento de las Hermanas Pobres de Jesucristo, en León, es usado ahora como oficinas de la Dirección de Migración y Extranjería.El Centro Diocesano de Pastoral “La Cartuja”, de Matagalpa fue anunciado como la sede del “Centro Universitario Regional de Tecnología Agropecuaria para la Exportación Padre Comandante Camilo Torres Restrepo”.
Aunque dice no saber los montos exigidos, considera que su congregación accedió al pago “porque es una orden que todavía está activa en Nicaragua y está ejerciendo su apostolado y su ministerio”.
La naturaleza de estas extorsiones dificulta su documentación. No existen decretos oficiales ni recibos, y las víctimas temen hablar. “Normalmente los padres no hablan mucho sobre ese tipo de temas, porque el problema está que, si uno dice algo, inmediatamente ya vienen sobre uno”, explica el sacerdote de Managua.Uno de los casos más conocidos fue la expulsión de las Misioneras de la Caridad, congregación fundada por la Madre Teresa de Calcuta, quienes fueron desalojadas y escoltadas hasta la frontera con Costa Rica en 2022, tras la cancelación de su personería jurídica y la confiscación de sus bienes.
En la mayoría de estos casos, los inmuebles son ocupados por el Estado o entregados a organizaciones oficialistas, y no existe ningún proceso legal transparente que respalde la transferencia de propiedad. Según Molina, estas confiscaciones violan el derecho a la propiedad privada y libertad religiosa, protegidos por la Constitución nicaragüense y convenios internacionales.“Cuando estaba en Nicaragua yo no podía hablar, yo no podía decir nada porque inmediatamente iba preso”, expone otro sacerdote consultado, que permanece en el exilio desde hace un mes, cuando le fue negado su ingreso a Nicaragua.Dice que la obra social de la iglesia ha sido pulverizada por el régimen. “Solo quedan los colegios”, explica el sacerdote que se desempeñaba como párroco en una comunidad de Managua.
“La mayoría de las organizaciones canceladas ofrecían una ayuda, un beneficio para la sociedad en general. Ha sido más por una intención política de dominio y control y también para apropiarse de sus bienes. Han hecho mucho daño”, concluye.
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