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16 de julio de 2025

Crece la violencia en la región cocalera de Bolivia: tres linchamientos en dos semanas

Dos semanas después de un doble asesinato en la localidad de Shinahota se reportó otro en Ivirgarzama, ambos en la región del Trópico de Cochabamba. Según los informes policiales, las víctimas fueron acusadas de haber robado vehículos

>En menos de dos semanas, tres personas fueron asesinadas en la región cocalera de Bolivia, al centro del país, acusadas de haber robado vehículos. El fin de semana se reportó el hallazgo del cuerpo de un hombre con evidentes signos de violencia, además de quemaduras y ataduras en pies y manos.

Según se ve en imágenes que circularon en redes sociales, el cuerpo quedó tendido fuera de la camioneta que luego fue incendiada por los agresores. La Fiscalía conformó una comisión de profesionales para realizar las investigaciones.

El linchamiento se produjo luego de que ambos fueran acusados de robo de dinero y vehículos en ese municipio, según los primeros reportes. En este caso, la Fiscalía presume que hay un tercer implicado quien, según declaraciones de testigos un grupo de pobladores, fue sacado de su vivienda con violencia, torturado y llevado con rumbo desconocido. Desde entonces no ha sido encontrado.

Los linchamientos en Bolivia son un fenómeno preocupante que ocurre con cierta frecuencia en distintas regiones del país, especialmente en áreas rurales y periurbana. Si bien el Estado boliviano condena los linchamientos, enfrenta dificultades para prevenirlos y castigar a los culpables porque suelen ser multitudes en las que es difícil individualizar a los responsables. En ese sentido, la mayoría de estos crímenes quedan impunes.

Pese al aumento de la violencia, estas regiones del país no cuentan con presencia policial fija desde finales del año pasado, cuando los agentes fueron replegados por la supuesta falta de condiciones de seguridad por parte de grupos afines al ex presidente Evo Morales (2006-2019).

En tanto, el viceministro de Régimen del Interior, Jhonny Aguilera, aseguró en contacto con el periódico El Deber que en esa zona hay “un control político del territorio”, que impide que la Policía y otros órganos de Estado puedan sentar presencia. Según el funcionario, la resistencia a las fuerzas del orden público está asociada a la presencia de organizaciones “paraestatales” con el objetivo evitar el control de actividades ilícitas en esa región.

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