Según estas agrupaciones, en las últimas redadas se detuvo al menos a cuatro familias. Entre ellas, la del general en retiro Álvaro Baltodano Cantarero, antiguo asesor del dictador Ortega. Baltodano Cantarero fue acusado por la Procuraduría General de Justicia de lavado de dinero y se le canceló la concesión de una planta de energía geotérmica de la que era directivo. La Procuraduría también acusó a su hijo, Álvaro Baltodano Monroy, de crear “20 sociedades de papel” para lavar dinero y evadir impuestos.

También fue arrestada la familia del pastor evangélico Rudy Palacios, junto a sus hermanas, dos cuñados y allegados. Fueron trasladados a la prisión La Granja, en Granada, y enfrentan acusaciones de “traición y conspiración” sin garantías judiciales, según el informe.

Las organizaciones señalaron que muchas de las detenciones ni siquiera se denuncian públicamente, debido al temor de represalias. Aseguraron que el régimen convierte el encarcelamiento en un castigo colectivo y exigieron la liberación inmediata de las personas presas políticas, que suman al menos 73, así como el fin de las desapariciones forzadas.