“La jueza destaca que el gobierno guardó silencio ante el pedido de informes del juzgado, y que la medida afectaba directamente el derecho a trabajar de los recuperadores urbanos; esto es, dos derechos sociales cuya protección constitucional es evidente’”, destacó el MTE.

La administración de Jorge Macri resolvió limitar el financiamiento del transporte, bajo el argumento de “dotar de más equidad” al sistema, ya que otros trabajadores urbanos que viajan desde la provincia no reciben ese beneficio. Los fondos, según el Gobierno porteño, serán destinados a “más obras de infraestructura en los Centros Verde -para mejorar los procesos de acopio y clasificación de materiales reciclables-, en un aumento de la capacidad productiva del sistema y en el refuerzo de rutas y circuitos de recolección en zonas de la Ciudad con mayor volumen de reciclables”.

Además, desde el Gobierno porteño recordaron que “el servicio de traslado de recuperadores urbanos no está contemplado como una obligación a cubrir por parte del Estado en los términos del llamado Concurso Público N.º 1/2021, que regula el funcionamiento del sistema. El Gobierno porteño ya le puso fin a la intermediación de organizaciones y bancarizó el pago de todos los recuperadores urbanos de manera directa. También incorporó un sistema de control biométrico de asistencia, reforzó las rutas de recolección más críticas y ordenó el circuito logístico para la recolección del material reciclable”.

Jorge Macri, jefe de Gobierno porteño, reiteró su oposición a la medida: “La justicia quiere obligarnos a financiar nuevamente el traslado de los cartoneros de Grabois desde el conurbano. Vamos a apelar esta decisión insólita que atenta contra los intereses de los porteños”, afirmó.

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