La iniciativa del Poder Ejecutivo, que comenzó a debatirse la semana pasada, propone ampliar el alcance de la ley sancionada en 2018 (declarando la utilidad pública de 1.176 nuevos barrios), prorrogar la suspensión de los desalojos por diez años (como garantÃa de implementación de la ley y del derecho a la vivienda), y agilizar los procesos administrativos.
En el plenario de la semana pasada, los diputados recibieron a funcionarios y a referentes barriales que explicaron los principales argumentos de la iniciativa que impulsa el Poder Ejecutivo.
En ese encuentro, Fernanda GarcÃa Monticelli, subsecretaria de Gestión de Tierras y Servicios Barriales, del Ministerio de Desarrollo Social, recordó que "hasta el año 2016 no existÃa información oficial sobre la cantidad de barrios populares existentes, las condiciones de vida de sus habitantes y la situación sobre acceso a servicios".
"Las organizaciones sociales realizaron un acuerdo con el gobierno nacional para relevar por primera vez los barrios populares de la Argentina. Eso arrojó la existencia de 4.416 barrios populares", añadió.
La funcionaria recordó la sanción de la ley 27.453, conocida como Ley de Barrios Populares, aprobada por unanimidad en octubre de 2018, al señalar que "con este espaldarazo se empezó a trabajar en Plan de Integración socio-urbana, basado en cinco pilares: integración urbana, vivienda, integración social y productiva, acceso al suelo, gobierno abierto, transparencia y gestión popular", explicó.
Destacó además que actualmente hay 764 proyectos de integración activos o ejecutados, 11.542 lotes con servicios como parte de la generación de nuevo suelo urbano y 1.437 construcción de viviendas para relocalización. Además, hay más de 670.000 personas beneficiadas con proyectos de integración, generando 163.000 puestos de trabajo.
El proyecto de ley busca actualizar el Registro Nacional de Barrios Populares, la prórroga de la suspensión de desalojos como garantÃa para la implementación de la ley y resguardar el derecho a la vivienda por el plazo que dure la declaración de utilidad pública (10 años).
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