El Estado argentino avanza en la reforma de la gestión de sus empresas públicas con un nuevo modelo de gobierno societario, aprobado por la Sindicatura General de la Nación (SIGEN), a cargo de Alejandro Díaz, que impone más controles, mayor transparencia y reduce el margen para la discrecionalidad en el uso de recursos públicos.

La medida transforma la lógica organizativa del sector, obligando a todas las sociedades con participación estatal a ceñirse a un estándar institucional común, eliminando las diferencias ad hoc entre entidades y alineando sus funciones a prácticas reconocidas de gobierno corporativo de nivel internacional.

El expediente EX-2026-27066462-APN-SIGEN formaliza esta decisión, que será referencia obligatoria para cada empresa. Según le explicaron a Infobae desde la SIGEN, el modelo introduce el mecanismo de "cumplir o explicar": cada organización deberá adoptar un código societario propio, basado en el modelo, y justificar toda recomendación que no implemente, lo que obliga a documentar conductas y asegura un seguimiento institucional verificable.

En la práctica, el modelo redefine la rendición de cuentas e incluye, además de la transparencia, la obligación de explicar los motivos detrás de eventuales desvíos respecto a las reglas propuestas.

La SIGEN reforma la gobernanza estatal e introduce estándares internacionales de control. El Código de Gobierno Societario aprobado por SIGEN estructura una nueva arquitectura normativa, basada en principios, recomendaciones y directrices precisas para la conducción estratégica y la supervisión efectiva de todas las sociedades con participación estatal mayoritaria, como YPF, Aerolíneas Argentinas, AySA o AR-SAT, entre otras.

Entre las novedades, fortalece el rol de los directorios, que deberán involucrarse activamente en la definición del rumbo, el control de la gestión y la toma de responsabilidades por los resultados. Este punto marca un quiebre: los directorios tendrán la función de conducir y no solo de administrar. Algo que ya ocurre, por ejemplo, en los ministerios.

El texto del organismo establece con claridad los límites de aplicación: quedan excluidas aquellas entidades sujetas a regímenes regulatorios específicos, lo que evita duplicidad y superposición normativa, reforzando la coherencia del sistema institucional.

Por otra parte, el modelo impulsa mecanismos para garantizar la integridad y la ética en la toma de decisiones, e introduce canales de denuncia y reglas internas claras como condición para ordenar la cultura organizacional y fortalecer la confianza pública.

La nueva normativa también reorganiza la manera en que se toman decisiones dentro de las empresas estatales. El objetivo es abandonar la improvisación y anticipar problemas mediante una gestión planificada y el uso sistemático de información, según detallaron desde la SIGEN.

Bajo estos presupuestos, el control estatal pasa a ser una condición necesaria para la mejora de la gobernanza, en lugar de un mero límite a la acción de las empresas públicas.

La importancia de este cambio trasciende el aspecto técnico. Las empresas estatales argentinas gestionan recursos públicos que influyen de forma directa o indirecta en la vida cotidiana. Por esta razón, el nuevo estándar de gestión que impone la SIGEN expresa —en palabras del propio organismo— "una señal política contundente" respecto a las exigencias de eficiencia, responsabilidad y sostenibilidad a largo plazo para el Estado.

En términos concretos, el bloque fundamental de la reforma impulsada por el contador Alejandro Díaz reside en el principio de "menos discrecionalidad, más reglas; menos opacidad, más transparencia; menos improvisación, más gestión", con énfasis en el control como pilar para profesionalizar la administración pública y elevar la confianza de la ciudadanía.

Diaz sostiene que la ciudadanía necesita que la rendición de cuentas abarque explicaciones de gestión que son más amplias que las cuestiones financieras, involucra prácticas de gobierno corporativo que optimizan la gestión y transparencia. El modelo fue diseñado teniendo en cuenta las guías emitidas por la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE), ámbito donde la República Argentina aspira a ser miembro.

Paralelamente a la implementación del Código de Gobierno Societario, la Sindicatura General de la Nación anunció la organización del 2° Congreso Internacional de Control Gubernamental bajo el lema "La auditoría pública frente a los desafíos del siglo XXI". El evento se celebrará del 21 al 23 de septiembre de 2026 en la Sala Argentina del Palacio Libertad, en la Ciudad de Buenos Aires.

Según informó SIGEN, el encuentro convocará a representantes de organismos de control, especialistas en auditoría, funcionarios de distintos niveles del Estado y delegaciones internacionales. El objetivo será analizar los retos contemporáneos de la fiscalización estatal, el uso de nuevas tecnologías en la auditoría pública y la promoción de la transparencia y la rendición de cuentas en la función pública argentina e internacional.

El síndico general de la Nación afirmó que "el control gubernamental ya no puede pensarse solo como una herramienta de fiscalización, sino como un pilar estratégico para mejorar la calidad del Estado. Este Congreso es una oportunidad para aprender de las mejores prácticas del mundo y fortalecer la transparencia y la rendición de cuentas en beneficio de la ciudadanía", precisó Alejandro Díaz.

La Sindicatura General de la Nación es el organismo rector del sistema de control interno del Poder Ejecutivo Nacional en Argentina. Su función es supervisar la utilización eficiente de los recursos por parte de ministerios, empresas y entes estatales, dictando normas de auditoría y reportando directamente al Presidente.