El presidente Javier Milei anunció medidas para reforzar el reclamo de soberanía sobre las Islas Malvinas. El plan incluye más recursos para Defensa, una base naval en Tierra del Fuego y sanciones para compañías vinculadas con actividades no autorizadas. Además, informó que firmará un decreto de necesidad y urgencia para ampliar los recursos del Ministerio de Defensa. Y anticipó una iniciativa legislativa para modificar la Ley 26.659, que establece sanciones por la exploración y explotación de hidrocarburos sin autorización argentina.

Juan Augusto Rattenbach, abogado, magíster en Economía Aplicada y docente universitario, describió, en diálogo con Infobae en Vivo, el anuncio como un paso que puede reabrir la discusión pública sobre Malvinas. El referente de la causa Malvinas destacó el enfoque de soberanía y pidió continuidad entre los distintos gobiernos.

"El tono y el eje es el correcto, es el de la soberanía, es el de la idea de Malvinas como política de Estado", afirmó Rattenbach. Su planteo apunta a que las decisiones sobre las islas no cambien cada vez que asume una administración nacional.

Rattenbach explicó que una política de Estado implica acuerdos básicos entre fuerzas políticas, provincias e instituciones. En ese esquema, los gobiernos pueden discrepar en otros temas, pero sostienen una misma estrategia sobre soberanía, defensa y relaciones exteriores.

El abogado señaló que la Ley 26.659 rige desde 2011 y ya contempla sanciones contra empresas que explotan hidrocarburos sin permiso argentino. Por eso, consideró que el proyecto oficial puede ampliar herramientas existentes, aunque recordó que la norma ya permitía actuar.

"En estos dos años y nueve meses de gobierno no hacía falta quizás hacer una innovación jurídica para ejecutar esa ley", dijo. Rattenbach aclaró que recibe de forma favorable cualquier cambio que agrave las sanciones e incluya a proveedores de esos proyectos.

El referente también recordó que varias compañías ya figuraban bajo la normativa argentina. Mencionó a Rockhopper y a Navitas Petroleum, que, según explicó, ingresó en el foco de las sanciones durante 2022.

La segunda medida anunciada por Milei apunta a la construcción de una base naval integrada en Tierra del Fuego. El Presidente sostuvo que la instalación permitirá aumentar las capacidades de telecomunicaciones y convertir a la zona en un polo logístico del Atlántico Sur.

Rattenbach ubicó ese proyecto dentro de una discusión más amplia sobre la presencia argentina en la Antártida y el Atlántico Sur. "Es un proyecto de infraestructura portuaria crítica de la Argentina fundamental y que se tiene que hacer sí o sí", afirmó.

El abogado señaló que la obra debe fortalecerse más allá de los cambios políticos. Explicó que la base busca dar servicios logísticos a las actividades antárticas y mejorar la presencia argentina en una zona que considera estratégica.

También recordó que el proyecto tuvo un acto inicial en 2022. Parte del financiamiento contemplaba recursos del Fondo Nacional de la Defensa, conocido como FONDEF, según detalló durante la entrevista.

Rattenbach sostuvo que el fondo continuó vigente después de diciembre de 2023, aunque perdió ritmo de ejecución. Sobre la obra, afirmó que "se ha ralentizado" durante los últimos dos años.

El especialista también cuestionó el funcionamiento del Consejo Asesor del Poder Ejecutivo sobre Malvinas, creado en 2020. Indicó que ese espacio reunió a representantes del Congreso, especialistas y autoridades de Tierra del Fuego.

Según Rattenbach, el consejo tuvo una sola reunión durante los dos años y nueve meses de gestión de Milei. Su objetivo consiste en sostener una estrategia común sobre Malvinas, aun cuando cambien las administraciones nacionales.

"El punto de inflexión es el 15 de julio", sostuvo Rattenbach, en referencia al partido entre Argentina e Inglaterra. El abogado vinculó ese hecho con un renovado interés social por la causa Malvinas.

Por su parte, Jorge Lapeña, ex secretario de Energía de la Nación y presidente del Instituto Argentino de Energía "General Mosconi", consideró que el reclamo por Malvinas requiere una estrategia sostenida en el tiempo. El especialista sostuvo que la Constitución Nacional ya reconoce los derechos argentinos sobre las islas.

"Nosotros estamos seguros de nuestros derechos y nuestros derechos están afirmados en la Constitución Nacional", afirmó Lapeña en Infobae A las Nueve. El economista remarcó que la reivindicación no se limita a las Islas Malvinas, sino que incluye también las Islas Georgias y las Sandwich del Sur.

Asimismo cuestionó la falta de presencia argentina en la plataforma marítima que rodea al archipiélago. "Argentina tiene una plataforma económica exclusiva de trescientas ochenta millas y es realmente muy raro cómo no ha hecho, a través de YPF, un uso intensivo de esa plataforma para la exploración petrolera", señaló.

El exfuncionario atribuyó esa falta de acción a gestiones de distintos signos políticos. "Ha habido una pasividad extraordinaria en todos los gobiernos de los últimos veinte años", sostuvo Lapeña, quien remarcó que la ocupación efectiva del territorio marítimo constituye una herramienta de reclamo.

Sobre las sanciones anunciadas por Milei contra empresas vinculadas al proyecto Sea Lion, Lapeña planteó dudas sobre su efectividad. "Me parece que esa amenaza no tiene un poder de coerción que diga que no tienen salida", afirmó, y remarcó que la vía diplomática debe primar sobre cualquier otra opción.

En tanto, el periodista chileno Christian Pino, otra de las voces que se sumó al streaming de Infobae, explicó que el gobierno de Chile mantiene una postura de apoyo histórico al reclamo argentino por Malvinas. "Es de apoyo y acompañamiento y viene en la línea de lo que han firmado los diferentes presidentes democráticos desde 1990", afirmó durante la comunicación con el programa.

Pino relató que la visita de Milei a Santiago de Chile generó tensión por declaraciones sobre la izquierda chilena y la figura de Salvador Allende. El periodista señaló que ese tipo de lenguaje no forma parte de las prácticas habituales en la política chilena.

Y detalló un conflicto paralelo vinculado al estrecho de Magallanes. Según explicó, la disputa se originó luego de declaraciones de un jefe militar argentino sobre la soberanía de ese paso marítimo, lo que llevó a Chile a ratificar su posición.

El corresponsal mencionó además el Decreto 457, firmado por el expresidente Alberto Fernández en 2021, que establece una administración conjunta del estrecho. Señaló que, tras la reunión entre Milei y el presidente José Antonio Kast, existiría una voluntad de corregir esa norma, aunque sin confirmación oficial.

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