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2 de abril de 2023

Por la inseguridad, Lasso militariza partes de Ecuador y autoriza a portar armas

El estado de excepción, que permite militarizar las calles y suspender garantías constitucionales, regirá desde este domingo en Guayaquil y otras partes de la provincia de Guayas, así como en otras dos provincias costeras, y durará 60 días.

02-04-2023 | 11:18

Foto: AFP.

El presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, decretó a partir de este domingo el estado de excepción en zonas azotadas por el narcotráfico y la criminalidad y autorizó la portación de armas de uso civil y la utilización de aerosoles de gas pimienta "para defensa personal".

El conservador Lasso dijo la noche de este sábado que el estado de excepción, que permite militarizar las calles y suspender garantías constitucionales, regirá desde este domingo en Guayaquil y otras partes de la provincia de Guayas, así como en otras dos provincias costeras.

El estado de excepción como resultado de una "grave conmoción interna", de acuerdo con el decreto de Lasso, estará en vigencia por dos meses e incluirá un toque de queda entre la 1 y las 5.

"Decretamos el estado de excepción en la zona 8, que comprende Guayaquil, Durán y Samborondón, y en las provincias de Santa Elena y Los Ríos", dijo el presidente en un mensaje en cadena nacional.

El mandatario, quien el año pasado decretó el estado de excepción en tres ocasiones para Guayaquil y otras áreas para enfrentar los altos índices de criminalidad, dispuso que la medida durará 60 días y que también suspenderá derechos como a poder reunirse.

Desde marzo y por 60 días también está en emergencia la provincia costera de Esmeraldas, en el noroeste de Ecuador y fronteriza con Colombia.

"Tenemos un enemigo común: la delincuencia, el narcotráfico y el crimen organizado", afirmó Lasso, un exbanquero de derecha en el poder desde mayo de 2021.

Ubicado entre Colombia y Perú -los principales productores mundiales de cocaína-, Ecuador decomisó en 2021 el récord anual de 210 toneladas de drogas, la mayor parte cocaína y cuyo destino eran puertos europeos.

Las incautaciones en 2022 superaron las 200 toneladas de drogas en medio de enfrentamientos entre bandas narcotraficantes, que se disputan a sangre y fuego en calles y cárceles las rutas para el tráfico de estupefacientes.

A la par de las confiscaciones han aumentado las muertes violentas. La tasa de homicidios casi se duplicó entre 2021 y 2022, pasando de 14 a 25 por cada 100.000 habitantes, según autoridades.

Guayaquil, núcleo comercial del país y por donde sale la mayoría de la droga, figura entre las localidades con más criminalidad. En la zona 8 se reportaron 434 muertes violentas entre enero y mediados de marzo frente al total de 1.151 asesinatos a nivel nacional.

Para enfrentar la inseguridad, Lasso también anunció el sábado que modificó un decreto para autorizar "la tenencia y porte de armas de uso civil para defensa personal", así como el uso de aerosoles de gas pimienta.

Señaló también que se prohibió la fabricación, registro y tenencia de armas de fabricación artesanal, informó la agencia de noticias AFP.

"Siento como ustedes la preocupación de la inseguridad. Para el gobierno del Ecuador, su paz y tranquilidad son vitales", manifestó el gobernante, quien promueve una denominada "cruzada por tu seguridad" que combina acciones entre las fuerzas militares y policiales.

Indicó que las autoridades han identificado a 15 líderes del crimen organizado catalogados como "objetivos de alto valor", de los cuales seis ya han sido capturados.

"Vamos a combatir a los delincuentes con todo el rigor de la ley porque nuestra prioridad es su tranquilidad", concluyó Lasso, quien afronta un proceso de juicio político que impulsa la opositora Asamblea Nacional por un supuesto peculado.

El mandatario, de 67 años, considera que el juicio planteado por un sector del Legislativo y autorizado por la Corte Constitucional "no tiene pies ni cabeza".

Esta es la segunda ocasión que el Congreso -donde la oposición es mayoría pero está dispersa- pretende remover del cargo a Lasso.

En junio pasado, en medio de protestas indígenas por el alto costo de vida, un grupo de diputados presentó una moción de destitución, pero no obtuvo los 92 votos necesarios -de 137 asambleístas-, de acuerdo a la Constitución.
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