Esta medida no solo afecta a quienes operan con billeteras virtuales, sino también a los bancos y otras entidades financieras que deberán informar sobre los movimientos que superen los límites mencionados. Estas acciones responden a una estrategia más amplia de la AFIP para mejorar los mecanismos de información, y se suman a una serie de medidas implementadas en los últimos años para fortalecer el control sobre las transacciones financieras en el país.

En este sentido, los montos mínimos que obligan a las entidades a informar a la AFIP sobre las acreditaciones, extracciones en efectivo y saldos mensuales de todas las cuentas, se incrementaron de $200.000 a $700.000. Además, los consumos realizados con tarjetas de débito por el titular y sus adicionales deberán ser informados cuando superen los $400.000, en comparación con el límite anterior de $120.000.

Un aspecto importante de esta actualización es la incorporación de una cláusula de ajuste automático cada seis meses, basada en las variaciones del Índice de Precios al Consumidor Nivel General (IPC) publicado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC). Esta medida tiene como objetivo mantener actualizados los montos en línea con la inflación, permitiendo que los topes se ajusten de manera periódica y automática en función de las condiciones económicas del país.

De esta manera, la AFIP busca evitar que los montos queden desactualizados frente a la realidad económica, lo que podría comprometer la efectividad de los controles. Este mecanismo de ajuste asegura que los límites continúen siendo relevantes y que las entidades financieras y las plataformas electrónicas puedan mantener una adecuada vigilancia sobre las transacciones que realizan sus clientes.

En caso de que se identifique algún movimiento sospechoso, los clientes deberán presentar la documentación que respalde la legalidad de los fondos. Esta documentación puede incluir recibos de sueldo, comprobantes de haberes jubilatorios, facturas emitidas en los últimos seis meses o certificados de ingresos firmados por contadores públicos. La AFIP podrá solicitar estos documentos a través de diferentes medios, incluyendo el correo electrónico o mediante la misma aplicación de la billetera digital.

Si el cliente no puede justificar el origen de los fondos, la AFIP podría tomar medidas más severas. En algunos casos, el organismo podría decidir cerrar la cuenta del usuario y generar un Reporte de Operación Sospechosa (ROS), que se envía a las autoridades competentes para que investiguen posibles casos de lavado de dinero u otras actividades ilícitas.

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