La normativa también establece la obligación de ARGENTORES de llevar a cabo la distribución de los derechos de autor de manera transparente, con un límite máximo del 30% para gastos administrativos, lo que garantizará que la mayor parte de los ingresos generados por la explotación de las obras se destine a los autores. Además, la recaudación debe realizarse en plazos no mayores a dos meses, y los pagos deben ser proporcionales al uso de las obras.

La normativa especifica que “transcurridos CUATRO (4) meses de la respectiva recaudación no se pudiere individualizar al titular beneficiario, el dinero percibido por tal concepto se distribuirá entre los titulares nacionales y extranjeros representados por la entidad, en proporción a las sumas que hubieren recibido por la utilización de sus obras”.