20 de diciembre de 2025
EE UU revocó el visado a un miembro del Tribunal Electoral y un consejero del CNE de Honduras por “obstaculizar el recuento de votos”
Las sanciones migratorias se producen en medio de un escrutinio especial de actas y bajo la vigilancia de observadores nacionales e internacionales en la capital hondureña
Además, la cartera a cargo de Rubio informó que se rechazó la solicitud de visado presentada por el político y consejero del Consejo Nacional Electoral (CNE), Marlon Ochoa. En paralelo, el documento señala que se han iniciado procedimientos para restringir la entrada a otra persona vinculada con el mismo proceso.
Estas medidas se amparan en lo dispuesto por la Ley de Inmigración y Nacionalidad de EEUU, que permite vetar el ingreso a quienes “realicen actividades que podrían tener consecuencias adversas graves para la política exterior estadounidense”.
“Las voces de 3,4 millones de hondureños deben ser respetadas y escuchadas”, agregó en su publicación en X, en la cual posteó el comunicado.
Con el 99,80% de los votos contabilizados, los datos difundidos por el CNE ubican al candidato Nasry Asfura (Partido Nacional) al frente con 40,54% de los votos, seguido por Salvador Nasralla (Partido Liberal) con 39,20%.
Las autoridades estadounidenses también instaron el jueves pasado al CNE de Honduras a iniciar de forma inmediata el escrutinio especial para definir el resultado de las elecciones presidenciales, en medio de una crisis creciente por la falta de claridad sobre el ganador, más de dos semanas después de los comicios.
Por otra parte, la Misión de Observación Electoral de la OEA (MOE/OEA) en Honduras instó este miércoles a todos los actores políticos a “evitar confrontaciones” y participar institucionalmente en el conteo especial de las actas con inconsistencias.
El recuento especial, que el Consejo Nacional Electoral (CNE) había programado para el 13 de diciembre, enfrentó múltiples aplazamientos por problemas administrativos, falta de acreditaciones de partidos y obstáculos tecnológicos.
El organismo advirtió que garantizar “la seguridad en los recintos y procesos de escrutinio” es responsabilidad del Gobierno y alertó que cualquier falla en este aspecto podría afectar de manera directa la integridad del proceso electoral y el sistema democrático hondureño.
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